Por qué ser científico en España es una carrera de obstáculos

Irene Vázquez (28 años) investiga un tipo de cáncer infantil; Daniel Herranz (26 años) trabaja con nanomateriales para desarrollar pilas de combustible más eficientes; Ana González (25 años) estudia la escritura de mujeres en Marruecos y Miguel Núñez de Prado (24 años) se ha centrado en la esquizofrenia. Son un ejemplo de los jóvenes españoles que, en plena crisis, decidieron dedicarse a la investigación, pese a los recortes, la incertidumbre sobre su futuro y las dificultades que, según aseguran, encuentran incluso antes de ser doctores.

Los cuatro son predoctorales, es decir, están haciendo su tesis (todos en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM) y cada uno tiene un tipo de contrato distinto que les permite financiar los cuatro años que tardarán en ser doctores.

Pero los más de 30.000 trabajadores predoctorales que hay en España llevan un año en pie de guerra reclamando y negociando su ansiado Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que, según recoge la Ley de Ciencia aprobada en 2011, debe regular su situación y acabar con la disparidad de sueldo y condiciones que existen en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren y de la convocatoria de ayuda que consigan para hacer su tesis.

“La Ley de Ciencia establecía que el estatuto debía haber estado desarrollado en 2013, pero hemos llegado a 2018 y seguimos sin él”, se queja la bióloga Irene Vázquez.

Mientras no lo tengan, denuncia Pablo Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), “seguirá habiendo predoctorales muy formados que ni siquiera llegan a ser mileuristas”. Como ejemplo cita los 720 euros netos mensuales (en 14 pagas) que ganan algunos predoctorales en Extremadura, 736 euros en León o 906 en Valladolid.

Garantizar sueldos dignos no es su única reclamación. Aseguran sentirse en un “limbo jurídico” y “desprotegidos” frente a situaciones como la que detectaron en febrero de 2017. Según relata Irene, “de forma retroactiva y sin anuncio previo”, se cambió el código de la Seguridad Social asociado a sus contratos, pasando de un código de obra y servicio a uno de prácticas.

“Los predoctorales se dieron cuenta por casualidad, cuando, de cara a realizar estancias en el extranjero, vieron que no podían pedir la tarjeta sanitaria europea; o cuando leyeron su tesis y comprobaron que no tenían derecho a paro, destapando el cambio en las condiciones de contratación”, relata.

Indignados, crearon asambleas por toda España -la de Granada fue la primera- y convocaron movilizaciones con las que lograron que, de nuevo, se cambiase el código al de Obra y Servicio. Además, obtuvieron el compromiso del Gobierno de hacer un estatuto. Desde el pasado verano, Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i, comenzó a reunirse con representantes de las asambleas, de la FJI y de los sindicatos mayoritarios (CCOO, CSIF y UGT) para recoger las propuestas de cara a escribir este borrador.

“Durante los primeros meses la negociación fue una tomadura de pelo. Todas nuestras propuestas caían en saco roto. Algunas demandas que se incluían en una reunión se rechazaban en la siguiente y no conseguíamos un avance real”, sostiene Pablo Giménez, licenciado en Psicología e investigador en el área de Farmacología.

En los últimos meses admite que ha habido avances y se han recogido algunas de sus reclamaciones. Nueve versiones del borrador llevan. La última, que la Secretaría de Estado de I+D+i ha dado como definitiva para la consulta pública, incluye su demanda de que, como mínimo, todos los contratos garanticen mil euros netos al mes (16.422 euros brutos anuales).

“Se equipara la figura del investigador predoctoral con el grupo 1 del Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado para garantizar que, como mínimo, tengan ese sueldo”, explica un portavoz de la Secretaría de Estado de I+D+i que destaca que “desde 2013 se han ido introduciendo mejoras en los contratos predoctorales”.

El objetivo de Carmen Vela, añade, “es aprobar el estatuto lo antes posible, aunque la tramitación es compleja”. La semana que viene se abre a consulta pública. Posteriormente tendrán que dar el visto bueno el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en el que están representados los ocho ministerios con competencias en I+D, y las comunidades autónomas. Después llegará al Consejo de Estado y finalmente al Consejo de Ministros.

Precisamente, 16.422 euros es el sueldo que reciben Irene, Ana, Miguel y Pablo (unos 985 euros netos al mes en 14 pagas), mientras Daniel gana 1.327 euros tras cumplir un trienio (antes eran 1.297 euros). Irene tiene un contrato FPI MINECO (una ayuda para Formación de Personal Investigador que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad) mientras que el de Ana es un FPU (Formación de Profesorado Universitario) que financia el Ministerio de Educación. La mayoría de predoctorales cuenta con uno de estos dos contratos.

El de Miguel es un FPI-1 y su pagador es la Universidad Autónoma de Madrid. Daniel, el que más gana, es ayudante no doctor, y su contrato está financiado por su departamento.

“Nosotros tenemos suerte pero hace un par de años tuve compañeros con becas FPU que no llegaban a los 1.000 euros netos”, asegura Irene. “Queremos una regulación, que se nos considere trabajadores de pleno derecho y, ya que hacemos lo mismo, que seamos igualmente valorados. Creemos que nuestras exigencias no son una locura. No pedimos cobrar 2.000 euros, pero que, al menos, todos tengan nuestro sueldo”.

“El EPIF pretende homogeneizar todos los contratos. Que las condiciones de las ayudas sean lo más parecidas posibles y acabar con la disparidad que hay entre comunidades”, dice Ana mientras muestra las tablas con los salarios. En lo más bajo figuran los 11.060 euros brutos al año en la Universidad de Extremadura, los 11.200 euros en la Universidad de León o 13.800 en la Universidad de Valladolid.

“Es cierto que no sale igual de caro vivir en Madrid que en un pueblo extremeño, pero es el mismo trabajo y las mismas horas”, argumenta Irene. Tres de los entrevistados se han independizado y viven de alquiler en Madrid. Ana y Daniel con sus respectivas parejas; Miguel comparte piso con tres personas e Irene sigue en la casa de sus padres en Fuenlabrada: “He mirado para compartir piso en Madrid pero finalmente preferí ayudar a mi familia con mi sueldo”.

La red familiar sigue siendo importante: “A veces mis padres me dan dinero para pagar los viajes para asistir a congresos. Es significativo que se vean impulsados a ayudarme teniendo un contrato a tiempo completo con un salario que se considera bueno para un joven hoy”, reflexiona Ana.

Las retribuciones de los 3.000 investigadores del CSIC es similar al de los aproximadamente 30.000 que hay en las universidades. “Es un sistema de estímulos y un indicativo de calidad. Parte del salario procede de los sexenios, que dependen de tu producción científica, como las publicaciones en revistas de prestigio, y de los quinquenios, que premian tu actividad, la participación y liderazgo de proyectos, docencia, etc.”, explica.

En la práctica, la aplicación de los quinquenios y sexenios puede suponer un 36% de diferencia en el salario. “La crisis no puede ser una justificación para no habernos pagado a los 870 científicos de los OPI esos complementos cuando sí se han dado a 35.000 investigadores”, argumenta Albentosa que, a sus 56 años, asegura tener prácticamente el mismo sueldo desde hace 25 años.

Ahora que el Supremo ha dictaminado que se ha creado una situación de desigualdad entre los científicos de las nuevas escalas, los que venían del CSIC y de los OPI, tienen un nuevo caballo de batalla: “La Ley de Presupuestos de 2018 se publicó antes de la sentencia del Supremo, y una de sus disposiciones adicionales de la norma establece que la homologación de los científicos será desde enero de 2018 y no desde enero de 2014, como contempla la ley”. Para corregirlo, el PSOE presentó una enmienda a esta disposición adicional para que reciban esas retribuciones desde ese año. Sin embargo, la enmienda fue desestimada este miércoles en el Congreso con los votos en contra de Ciudadanos y Partido Popular.

La homologación de protocolos en los organismos de investigación para que los sistemas de control de gastos sea similar es otra de sus demandas: “No somos una fábrica y deben adaptarse a nuestra actividad, que es dinámica. Tenemos proyectos que evolucionan y no es tolerable que los tengamos paralizados por trabas burocráticas”, explica. “¿Cómo puedo tardar 13 meses en contratar a un investigador aunque tengamos dinero, que hemos conseguido además de forma competitiva de Bruselas, mientras hay colegas en la Universidad de Vigo que tardan un mes y medio?”, compara.

“Por supuesto, tiene que haber un control exhaustivo porque se trata de dinero público, pero el objetivo es hacer ciencia y tenemos protocolos tan complejos que hacen que a veces incluso tengamos que devolverlo porque la burocracia no nos ha permitido ejecutar esa inversión”.